
La iniciativa, presentada el 15 de enero pasado, especifica en el artículo 15-D que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran trabajadores de la empresa que contrata a la subcontratista y se disminuyan o afecten sus derechos laborales.
También advierte que las empresas deberán justificar este tipo de contrataciones vía outsourcing por su carácter especializado y para la ejecución ocasional de trabajos.
Ricardo Martínez, abogado laboral, expuso que se necesita aplicar mayores verificaciones a los centros de trabajo, además de auditorías del Instituto Mexicano del Seguro Social y el SAT.
“Hay mucha gente que lamentablemente lo ha ocupado para evadir impuestos, para no pagar seguro social, pero hay muchas empresas y patrones que pagan correctamente. Lo que tiene que hacer el Gobierno es buscar a los que no cumplen y que utilizan figuras como sociedades civiles falsas, hacen socios a los trabajadores, los subcontratan por servicios profesionales, y toda esa simulación es lo que hay que quitar”, señaló.
